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El 14 de agosto de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del Gobierno de Trump publicó una nueva regla sobre el concepto de “carga pública.” Los estados, condados y organizaciones sin fines de lucro la impugnaron ante los tribunales, y evitaron de forma temporal que entrara en vigor según estaba programado. El 27 de enero de 2020, la Corte Suprema de los EE. UU. decidió que el Gobierno podía empezar a aplicar la nueva regla mientras el proceso de impugnación está en curso. La nueva regla entrará en vigor el 24 de febrero de 2020. Aquí presentamos información importante para profesionales en primera infancia:

1. ¿Qué es la “carga pública”?

La carga pública ha sido parte de la ley de inmigración durante décadas. Su objetivo es identificar a las personas cuyo sustento requiera, en el futuro, beneficios públicos. Se le puede denegar la entrada al país o la residencia permanente legal a una persona considerada “una carga pública potencial”.

2. ¿Por qué es importante entender que es la carga pública?

Los cambios en la nueva regla de carga pública fueron diseñados para asustar y confundir a la gente. Los padres tendrán dudas sobre la regla y sobre si es prudente seguir recibiendo beneficios públicos de salud, vivienda, alimentación y cuidado infantil.

3. ¿Cómo cambiará la prueba de la carga pública en la nueva regla?

 A los funcionarios de inmigración se les exige tomar en cuenta todas las circunstancias de una persona al determinar si supone una carga pública o no. La nueva regla de DHS amplía de forma drástica la definición de carga pública y exige a los funcionarios que analicen factores como la salud, la edad, los ingresos y las capacidades (como la de hablar inglés). La nueva regla también permite que los funcionarios acepten como prueba de carga pública más programas de beneficios (véase el reverso). Estos cambios están diseñados para dificultar que las personas de ingresos bajos y moderados pasen la prueba.

4. ¿A quién afectará la nueva regla?

La nueva regla afectará a los inmigrantes que solicitan la residencia permanente legal (una tarjeta verde) en los Estados Unidos. La carga pública no aplica a refugiados, asilados u otras poblaciones vulnerables. La carga pública no afecta a los inmigrantes que solicitan la ciudadanía estadounidense.

5. ¿Qué significan los fallos jurídicos recientes para las familias?

Los fallos jurídicos recientes significan que el Gobierno puede aplicar la nueva regla de carga pública mientras el litigio sigue en curso, excepto en Illinois, donde está bloqueada por una medida cautelar estatal. La nueva regla entrará en vigor el 24 de febrero de 2020. Los beneficios públicos de alimentación, vivienda y seguro médico percibidas antes del 24 de febrero no se tendrán en cuenta para tomar la decisión sobre si una persona supone una carga pública.

Consulte las preguntas y respuestas para profesionales en primera infancia en clasp2022.tealmedia.dev/ECEpubliccharge. Visite la página de la campaña de Protección de las Familias Inmigrantes para obtener más recursos: www.protectingimmigrantfamilies.org

Hablar con los padres sobre la carga pública

Al trabajar con familias, es muy probable que se encuentre con padres a quienes les preocupa que el hecho de que sus hijos reciban beneficios públicos afecte su capacidad futura para conseguir la residencia permanente. En muy pocos casos, es posible que los padres también estén preocupados por recibir beneficios públicos ellos mismos. Es comprensible que los padres sientan temor y estén confundidos, por lo que es importante que conteste estas preguntas básicas y conecte a las familias a distintos recursos. Al hablar con padres inmigrantes, transmita los siguientes mensajes clave:

• Muchos inmigrantes no se verán afectados por los cambios a la nueva regla de la carga pública. Los refugiados; asilados; supervivientes de trata, violencia intrafamiliar y otros delitos graves; y otros inmigrantes vulnerables están exentos de ser considerados una carga pública. Los residentes permanentes no están sujetos a la prueba de la carga pública al solicitar la ciudadanía estadounidense o al renovar su residencia permanente.
• La nueva regla no es retroactiva. Los beneficios públicos de alimentación, vivienda y seguro médico percibidas antes del 24 de febrero de 2020 no se tomarán en cuenta para determinar si una persona supone una carga pública.
• Los beneficios públicos que reciban sus hijos no se tomarán en cuenta para determinar si usted supone una carga pública. La asistencia de alimentación, Medicaid y vivienda puede mantener a los niños sanos y ayudarles a empezar la vida en buenas condiciones.
• Recibir beneficios públicos no lo convierte en una carga pública automáticamente. Los agentes de inmigración deben considerar todas sus circunstancias para decidir si usted podría suponer una carga pública en el futuro. Percibir beneficios públicos es solo uno de esos factores.
• Los cambios en la política de carga pública no afectarán su elegibilidad para participar en programas públicos y recibir servicios. No han cambiado las reglas de elegibilidad para programas de beneficios públicos, atención temprana ni programas de educación.
• Su información personal está protegida. Las leyes federales y estatales protegen la privacidad de las personas que presentan solicitudes para recibir cobertura de atención médica, nutrición, apoyo económico y otros beneficios.

Cada situación es distinta. Las familias necesitan tomar decisiones con base en sus circunstancias particulares. Puede encontrar un abogado de inmigración por bajo costo aqui.

¿Está incluido mi programa en la nueva regla?

Para determinar si una persona supone una carga pública, los funcionarios de inmigración considerarán si dicha persona se beneficia o se ha beneficiado (hasta el 24 de febrero de 2020) de uno o más de los siguientes programas (las opciones marcadas con un * indican que el programa también está incluido en la política actual):

• Programas de asistencia en efectivo (SSI, TANF y programas de ayudas de dinero efectivo estatales o locales para suplementar los ingresos)

• Atención a largo plazo en una institución financiada por el Gobierno
• Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, EBT o cupones de alimentos)
• Asistencia Federal de Viviendas Públicas y Sección 8
• Medicaid (salvo los servicios de emergencia, niños menores de 21, mujeres embarazadas, y madres de recién nacidos)

Ningún programa que no sea de efectivo y que no esté mencionado arriba se tomará en cuenta para determinar que una persona supone una carga pública. Esto significa que ninguno de los siguientes programas se verá afectado por los cambios en la nueva regla:

• Head Start
• Visitas a hogares
• Servicios de educación pública, que incluyen prekínder público e intervención temprana
• Asistencia para cuidado de niños, que incluye Child Care and Development Block Grant (CCDBG)
• Programa de Nutrición Suplemental para Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
• El Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP)
• Desayuno y almuerzo escolares
• Asistencia para emergencias médicas
• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) que no son de efectivo

La lucha sigue. El fallo de la Corte Suprema sí es un retroceso, pero el proceso de las demandas que impugnan la regla sigue en los tribunales. Es posible que al final se anule la regla. Únase a nosotros en la lucha para proteger a las familias inmigrantes en www.protectingimmigrantfamilies.org.

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